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La actitud abusiva de EDESUR y EDENOR se reitera pero el estado lejos de esta de controlar lo que hacen estas empresas.
La política energética vuelve a meter la cola y los clubes de barrio se sumergen en constantes reclamos para que no les corten los servicios o dejen de llegarle tarifas impagables en un contexto de crisis y falta de sustento económico.
Los reclamos a Edesur y Edenor que suministran servicios se suceden ya que no solamente no respetan leyes vigentes sino que amenazan con cortes que en principio no deberían darse en un contexto desfavorable y de pandemia como el que se vive.
De todos modos hay una especie de limbo en el que las políticas energéticas provocan que esas empresas prestadoras de energía hagan lo que quieran, lo que les parezca, lo que sea por aumentar sus irrisorias ganancias.
Los tarifazos del 1500% del gobierno de Mauricio Macri quedaron atrás y en ese sentido desde la llegada al gobierno de Alberto Fernández no se han avizorado aumentos considerables, de todos modos aún no hay un control riguroso sobre las empresas que determinan de manera deliberada las intimaciones, avisos y finalmente los cortes de servicio.
Pese a que no hubo en este año y medio grandes aumentos en las últimas horas el gobierno anunció un aumento del 9% en las tarifas de energía eléctrica. ¿Cómo se acomodará ésto en clubes que ni siquiera cuentan con ingresos para pagar los montos actuales?
La Unión Nacional de Clubes de Barrio, mientras tanto, cargó directamente contra las prestadoras de servicios, poniendo el foco exclusivamente en ellas y el reclamo se escuchó en radios, tv, redes sociales y hasta con movilizaciones a las puertas de las oficinas de Edesur y Edenor.
Más allá de los válidos pedidos y urgencias, ¿Está bien cargar las tintas exclusivamente en las empresas prestadoras de energía?¿El estado no tiene también la culpa en este juego de roles y obligaciones?
El contrato electoral de Alberto Fernández incluía la posibilidad de la reglamentación de la ley 27098, una ley que le da un paragüas enorme a las instituciones. Hoy, a un año y medio de su asunción, la ley sigue cajoneada.
En provincia de Buenos Aires, por caso, se votó, se aprobó y se reglamentó una ley la cual sirvió, por ejemplo, para que un juez fallé a favor de Huracán de Necochea y no se le corte el servicio.
Además, el gobierno comandado por Kicillof anunció la Tarifa Cero que da OTRO beneficio a miles de instituciones y que, en tiempos de pandemia, permite tener otra herramienta central para tener organizadas medianamente la economía en tiempos de pandemia.
Mientras tanto en Nación -porque el planteo debe ser para todo el país- no se ha expedido y todavía se esperan políticas serias, profundas y a largo plazo.
Por el momento ni el Ministerio de Turismo y Deportes ni la Secretaría hacen fuerza o le exigen al presidente la reglamentación de la ley 27098 ni tampoco a la Secretaría de Energía por un cuadro tarifario diferenciado, solo miran de reojo y esperan atentos para colgarse una hipotética medalla.
Es un tanto inocente pensar que el eje de todos los males son las empresas prestadoras de energéticas las cuales tienen como objetivo central incrementar año a año sus ganancias y no exigirle a quienes nos gobiernan un mayor control sobre estas empresas. Es inocente pensar en una posible autoregulación, es como querer que las empresas de telecomunicaciones no aumenten sus tarifas o imaginar una «autodepuración» del poder judicial como imagina Santiago Cafiero, el jefe de gabinete.
Es momento de agudizar el ingenio y agregarle un extra al reclamo. De que TODOS los clubes reclamen por la reglamentación urgente de la ley que los ampara y que consecuentemente el cuadro tarifario sea distinto. En este juego de roles y «amiguísmos» es momento de dejar de aplaudir programas para pocos y que los derechos sean de una buena vez para todos.
