Un proyecto de ley del Frente de Todos plantea que los dirigentes deportivos adquieran conocimientos en materia de violencia y discriminación luego del asesinato de Fernándo Báez Sosa en manos de un grupo de rugbiers. Se pone en foco a las instituciones pese a tener un histórico valor formativo.
Los días pasan y los coletazos con relación a Fernándo Báez Sosa y su asesinato en Villa Gesell por parte de un grupo de diez rugbiers continúan y en esta oportunidad, en la Provincia de Buenos Aires, se presentó un proyecto de ley que capacitar a los dirigentes y presidentes de los clubes de barrios en pos de que el contenido sea bajado a los niños y adolescentes deportistas.
La inicitativa propuesta por la senadora del Frente de Todos Agustina Propato busca «prevenir y desalentar toda situación de violencia y discriminación ejercida por personas que participan activamente de los clubes deportivos y centros recreativos».
En declaraciones al medio La Tecla destacó: «Todos sabemos el protagonismo que tienen los clubes en la vida de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, por eso la idea de este proyecto es una toma de conciencia sobre la cuestión deportiva que hace al desarrollo de las luchas contra las violencias y discriminaciones».
Y agregó: «La obligatoriedad es para los dirigentes y referentes de los clubes, porque sabemos que hay tanto clubes de primera, como clubes de barrio o recreativos, y la idea es que la formación llegue a todos y de ahí puedan llevar enseñanzas y capacitaciones a los chicos y chicas que concurren todos los días».
¿Los clubes responsables?
De todos modos y pese a probablemente la buena fe de la senadora y el grupo que la acompaña, parece ser una normativa que ayudaría en un primer momento, pero que pone el foco en las instituciones que tienen una conducta ejemplar y que sacan a niños y adolescentes de las calles.
Estas instituciones, en lugar de ser tomadas indirectamente como responsables de una ignorancia en estos temas deberían, primeramente, recibir un guiño por las autoridades deportivas de los reclamos que vienen haciendo desde hace un tiempo para luego, sí, exigirles determinadas cuestiones educativas a brindar.
La reglamentación de la ley 27098 que pone en jaque las problemáticas recurrentes en torno a lo económico y que sí provocaría un salto de calidad en las instituciones, es una medida que se considera urgente y que solo es una cuestión política la necesaria para su implementación.
A su vez, y pese a la buena fe del Ministerio de Deportes y Turismo y la Secretaría de Deportes, aún las determinaciones a tomar con relación a las problemáticas tarifarias o de infraestructura brillan por su ausencia y las energéticas continúan con la pelota en su poder y cobrando tarifas imposibles.
El proyecto de la senadora es interesante y abarcativo, aunque tanto Matías Lammens como Inés Arrondo deberían ser los articuladores de estas políticas y contenidos o, al menos, detectar cuales son los problemas de base y no que un proyecto de ley vaya al hueso y, al menos ante propios y extraños, haga quedar a los clubes que históricamente tuvieron un eje formador como los primeros «condenados».